Estudio en Pando evidencia la gravedad del embarazo en niñas y adolescentes PDF Imprimir E-mail

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La Paz, 15 de marzo.- El viceministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, participó este miércoles de la presentación del estudio “Maternidad temprana, pobreza y violencia en Pando. Un reto para las autonomías”. El documento, que tomó dos años en elaborarse, contó con el apoyo técnico y financiero de Población de las Naciones Unidad – UNFPA y permite profundizar sobre las nuevas formas de abordar la problemática del embarazo en niñas y adolescentes para el planteamiento de nuevas políticas públicas.

“Nos ha sorprendido el porcentaje de adolescentes embarazadas y madres en Pando y la Amazonía. Este estudio nos compromete, desde el proceso de las autonomías, a trabajar con las autoridades de Pando en la efectivización de políticas públicas y programas permanentes para combatir esta problemática” señaló Siles a tiempo de reflexionar que pese a los importantes avances en legislación de protección  y no violencia contra la mujer, niños y adolescentes, es momento de operativizar acciones para contrarrestar este problema.

El estudio evidencia la incidencia del embarazo en mujeres entre los 10 y 18 años, los factores sociales y culturales asociados al embarazo a temprana edad, las percepciones de las autoridades relacionadas con la prevención y atención del embarazo y las características de esa maternidad y paternidad adolescente.

El embarazo en adolescentes tiene causas mucho más profundas y complejas que la falta de acceso a anticonceptivos y la falta de información, tienen que ver con la desvalorización de las niñas, la búsqueda de afecto de las mujeres, la pobreza, las múltiples formas de violencias propias del sistema patriarcal y la naturalización de la violencia sexual, señala el estudio entre sus principales hallazgos.

El estudio permite profundizar sobre nuevas formas de abordar la problemática del embarazo en niñas y adolescente, en contextos rurales, indígenas y de tierras bajas, concretamente en la Amazonía, que pueden aportar de manera significativa a la implementación de políticas públicas que detengas y reduzcan los embarazos en adolescentes.

El embarazo en la adolescencia

El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, un problema de justicia social y una violación a los derechos humanos fundamentales de las niñas y adolescentes, que afecta su derecho a la vida, a su integridad física, sexual y psicológica, el derecho a la salud, a la educación y al pleno desarrollo de todas sus potencialidades, al verse sometidas en la mayoría de los casos a relaciones sexuales forzadas.

Pocas cosas comprometen más el futuro de una niña que el embarazo a temprana edad. Su cuerpo se ve alterado abruptamente, su relación con la familia, amigas, maestros y pareja (cuando tuvo) cambia radicalmente. El riesgo de tener complicaciones e incluso de llegar a la muerte es tres veces mayor a la de una mujer adulta, el embarazo temprano es la principal causa de muerte en neonatos.

El embarazo a temprana edad conlleva, además, que el recién nacido  y la madre presenten complicaciones por desnutrición. La madre niña debe responder como adulta, buscar  trabajo cuando más lo necesita, pero tiene menos probabilidad de conseguirlo con un bebé en brazos. Se afecta las condiciones de vida haciendo que pronto esta adolescente busque otra pareja y el segundo embarazo no tarde en llegar.

El embarazo en adolescentes es la punta del iceberg, pues antes de que ocurra este, la niña probablemente inicie su vida sexual por impulso propio o inducido por un adulto, pero de manera clandestina, esta clandestinidad en que las adolescentes viven su sexualidad de por sí ya constituye un problema: infecciones de transmisión sexual que no se curan porque no pueden ser descubiertas a tiempo, abortos inseguros, suicidios, la probabilidad de contraer VIH, problemas de infertilidad, mayor probabilidad de cáncer de cuello uterino, entre muchas otras.

La presentación de este documento contó con la participación de representantes de UNICEF, OPS, GIZ, cooperación Italiana, la embajada de Suecia,  ONU Mujeres, CIES, personeros del Ministerio de Justicia, Salud, Educación y el SEA entre otros.

 

 
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