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El modelo municipal del Estado Plurinacional



giselalopez-ANAEso plasma en su interior la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 482, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el presidente Evo Morales el 9 de enero último. Atrás quedaron los modelos municipalistas de la UDP (1985), del MNR (1994) y de la ADN (1999) que, probablemente, en sus épocas intentaron implementar modelos autonómicos municipales pero que, lamentablemente, invadieron territorios indígenas y violaron derechos de los pueblos originarios.

La Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada en la última fase del Gobierno de la UDP, determinó la autonomía municipal en relación de los departamentos y provincias, pero no definió una jurisdicción territorial. Estaba sustentada en un modelo parlamentarista, donde los alcaldes eran elegidos por los concejos municipales. Hoy, en el Estado Plurinacional, los alcaldes son elegidos, de forma separada de los concejales, por el voto directo de los ciudadanos.

Llegó después la Ley de Participación Popular que, con un impresionante marketing, se posicionó como la panacea de la autonomía municipal. Su fama trascendió las fronteras. Y, no se lo puede negar, tuvo su impacto al dotar de jurisdicción territorial a los gobiernos municipales. Sin embargo, dejó como herencia conflictos de límites aún vigentes y una profunda herida en pueblos indígenas cuyos territorios fueron fragmentados para instituir los márgenes de las autonomías municipales. Intentó establecer una forma de interacción del Estado con la sociedad, pero a partir de un modelo predeterminado que subordinó la participación y el control social a estructuras definidas por el propio Estado (comités de vigilancia) que, en la mayoría de los casos, fueron cooptados por las autoridades a las que tenían que fiscalizar en nombre de la sociedad.

Fue concordante con el modelo republicano de Estado.
La nueva Ley Municipal (482) no define límites ni divide territorios ancestrales. Además, deja en libertad a la sociedad civil para que se organice como control social, en concordancia con la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 y, prácticamente, sepulta el monopolio de fiscalización que estaba en manos de una sola organización social (comités de vigilancias).

Después implementaron la Ley de Municipalidades, sustentada en la Ley de Participación Popular, pero ajustada a las modificaciones constitucionales de 1994. Redefinió el marco competencial de los municipios; estableció la facultad reglamentaria para el legislativo con su símbolo: la ordenanza municipal; sujetó el accionar de los municipios a las normas emitidas por el nivel central del Estado; y, con la creación del voto constructivo de censura, terminó replicando el modelo parlamentarista de la elección-destitución y elección (de nuevo) de los alcaldes en manos de los concejos municipales, ocasionando muchos problemas de ingobernabilidad local. Fue una continuación del municipalismo neoliberal.

Hoy, la Ley 482, no solo es una Ley supletoria de las cartas orgánicas para aquellos municipios que no hubiesen trabajado una, es también la norma que le pone fin al monopolio legislativo del nivel nacional del Estado y dota de esta cualidad a los gobiernos autónomos municipales que, a partir de la nueva CPE y de la Ley Marco de Autonomías, pueden discutir y aprobar leyes, tan válidas como las que aprueba la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus competencias.

El modelo municipal plurinacional consolida la separación de órganos (ejecutivo-legislativo) dispuesto por la CPE como una división horizontal del poder. Esto se materializa en la Ley 482 para los municipios con más de 50.000 habitantes.

Como lo subrayó el Presidente Evo el día en que promulgó esta Ley, la misma blindará a las alcaldesas y alcaldes de futuros “golpes de Estado”, ya que previene la no destitución y/o renuncias forzadas que se habían registrado en el pasado inmediato.

Ah, y un aspecto más, esta nueva Ley establece mejores condiciones para la equidad de género e incorpora la denuncia de hechos de acoso y violencia política hacia autoridades municipales.

La Ley 482, de 39 artículos, cuatro disposiciones transitorias y dos disposiciones abrogatorias, sepulta, evidentemente, los viejos modelos municipalistas concordantes con el también viejo Estado republicano y neoliberal.

*Periodista, actualmente Viceministra de Autonomías Municipales y Departamentales

Columna publicada en http://cambio.bo

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